Autódromo: Carta abierta al intendente y los concejales

Atento a la situación actual del autódromo “Juan Manuel Fangio”, y sobre la pronta probabilidad de su reapertura al plano nacional, el ex miembro de la Asociación Autódromo de Balcarce, Sebastián Fiori, elevó una nota, a modo de “carta abierta” dirigida expresamente “al Intendente y a los concejales de todo el arco político de Balcarce” planteando, a partir de los plazos estipulados de ejecución y del convenio firmado con el gobierno provincial, dudas sobre la homologación de las obras ejecutadas, la validez técnica de las mismas, y el peligro que podría generarse en el complejo a partir de una habilitación que -según Fiori- no fue avalada por la FIA.

PLANTEOS. Fiori, ex miembro de la AAB, despliega diversos planteos sobre las obras en el “Fangio”.

(se transcribe tal como fue enviada)

Carta abierta al Intendente y a los concejales de todo el arco político de Balcarce

“Me dirijo a ustedes en carácter de ciudadano, y en nombre de muchos balcarceños y aficionados que, a lo largo y a lo ancho del país, expresan su preocupación ante la situación que se plantea con la puesta en valor del Autódromo Juan Manuel Fangio. Una obra cuyo plazo de ejecución se ha extendido muy por encima de los ocho meses establecidos en el convenio firmado con la Provincia de Buenos Aires y que, al día de hoy, según palabras del propio gobernador, ya ha demandado más de 2.000 millones de pesos.

Quisiera plantearles una pregunta concreta, directa y necesaria:

¿Qué dirían ustedes si los responsables de la puesta en valor del autódromo estuvieran utilizando como sustento técnico un informe que no tiene carácter oficial, que no forma parte de ningún proceso de homologación y que, en definitiva, carece de validez normativa?…

Porque eso es lo que se ha sostenido en más de una oportunidad: que las obras realizadas se basan en un supuesto “informe FIA”.

Sin embargo, corresponde aclarar que dicha intervención no fue oficial, no derivó en un documento técnico válido y no puede, bajo ningún criterio, ser utilizada como fundamento para el diseño y ejecución de obras en un circuito que pretende albergar competencia oficial. Entonces, la pregunta se vuelve aún más incómoda:

¿Qué sucede cuando decisiones que implican el uso de fondos públicos se justifican en base a un documento que no tiene validez técnica ni reconocimiento oficial?…

Porque en ese caso ya no estamos ante una discusión de criterios. Estamos ante un problema de origen. A esto se suma un punto central que no puede soslayarse: se ha advertido en reiteradas oportunidades que las intervenciones realizadas no se ajustan a los estándares técnicos exigidos por la normativa vigente en materia de seguridad.

¿Qué ocurriría ante un siniestro de gravedad en un circuito que no cumple con las normas que motivaron su deshabilitación tras el antecedente de 2011?…

¿Entienden ustedes que esto puede traer consecuencias legales?…

Aquí les dejo un racconto de algunas de las consecuencias que estamos mencionando:

– Responsabilidad administrativa de los funcionarios intervinientes.

– Observaciones y eventuales acciones de organismos de control sobre el uso de fondos públicos.

– Responsabilidad patrimonial ante perjuicios económicos derivados de obras sin validez técnica.

– Responsabilidad civil ante eventuales daños en caso de siniestros.

– Responsabilidad penal en caso de verificarse incumplimientos graves o uso indebido de fondos públicos.

– Nulidad o impugnación de actos administrativos basados en documentación sin validez.

– Imposibilidad de homologación oficial del circuito por incumplimiento de normas vigentes.

Y entonces, el planteo final es claro:

¿Consideran ustedes que el camino adoptado garantiza el cumplimiento de las normas, la seguridad de los pilotos y del público, y la correcta utilización de más de 2.000 millones de pesos de fondos públicos?…

Porque si la respuesta no es categórica, no estamos ante una obra demorada: estamos ante una situación que puede derivar en consecuencias técnicas, institucionales y legales de gravedad. Y cuando hablamos de responsabilidades, no hablamos en abstracto. Hablamos de quienes hoy tienen la obligación de garantizar que lo que se haga, se haga conforme a norma, con respaldo técnico y con la seguridad como prioridad absoluta. Quedo (y quedamos) a la espera de una respuesta seria, fundada y verificable, porque lo que está en discusión no admite improvisaciones ni justificaciones sin respaldo”.

Sebastián Fiori – DNI 17.132.065